Habemus Criminis

Ahora bien, hay quienes desde el poder quieren hacer creer, que esto no es un delito, sino que es una negligencia administrativa que no estaría encuadrada en el marco de la ley penal sino en el de las contravenciones administrativas.
Tanto quienes cometen estos delitos, como quienes pretenden encubrirlos, son los mismos que promueven el concepto de judicialización de la política con la intensión de soslayar la aberrante corrupción que convive en el seno de los poderes.
No existen la judicialización de la política ni la politización de la justicia, solo existe, desde el poder, una clara intensión de encubrir y/o mantener impune la corrupción reinante y enquistada en cada uno de sus estratos.
Para empezar a comprender que realmente estamos ante un nuevo delito, veamos primero que dice la ley, la cual no es parte de un reglamento interno, sino que es el conjunto de obligaciones jurídicas por las cuales se rige un sistema y quienes las violen no son otra cosa que delincuentes.
Dura Lex, Sed Lex
La Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos nº 10027, en su Artículo 80, dice que ambos poderes, el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, son independientes en el ejercicio de las facultades, pero que se fiscalizan y controlan recíprocamente, gozando cada uno de ellos, a ese efecto, del derecho de investigación respecto de los actos del otro.
Del mismo modo, en su Artículo 91, la misma ley dice que el mismo Concejo, con la firma de dos miembros, puede pedir al DEM, en cualquier momento, la información o las explicaciones que considere necesarias para el mejor desempeño de sus funciones, las que deberán ser suministradas en un plazo máximo de noventa días corridos.
Por otro lado, la misma ley, en su Artículo 108, dice que son deberes del Presidente Municipal, entre otras muchas cosas, suministrar al Concejo Deliberante, de manera fundada y detallada, todos los informes, datos y antecedentes que éste le requiera sobre asuntos municipales, dentro del plazo de noventa días corridos de solicitado, y, también, hacer practicar mensualmente un balance de Tesorería remitiendo un ejemplar al Concejo.
Por último, esta ley también le ordena remitir a sus órganos de control o al Tribunal de Cuentas si no los tuvieren las cuentas de la percepción e inversión de la renta municipal conjuntamente con los balances respectivos y las ordenanzas de presupuesto e impositivas vigentes en el ejercicio de que se rinde cuentas, de acuerdo a los plazos que determine esta ley.
Como se puede apreciar, la ley es dura pero es la ley, y de acuerdo a esta, no responder los Pedidos de Informes no es una contravención administrativa sino que es un delito.
Errare humanum est
Pero, no podemos dejar de reconocer que quienes cargan con el peso de las responsabilidades siempre están expuestos a cometer errores, y así está previsto en la ley escrita y, sino, en su interpretación, tal el caso de una posible negligencia administrativa.
Pero en este caso en particular de los 25 Pedidos de Informes sin responder, quien está a cargo del poder conferido por el pueblo puede errar una vez de veinticinco, pero no veinticuatro.
Definitivamente, errar es humano, donde se entiende el error como una excepción y no como algo normal.
Nadie viola sin querer la justicia 24 veces en 3 años.
Abusus non est usus, sed corruptela
Más allá de simpatías y antipatías, lo cierto es que Luis “El Impune” Erro ya ostenta impúdicamente varios procesamientos sin que la Justicia entrerriana muestre el más mínimo interés por hacer justicia.
En esta oportunidad, una nueva denuncia en Tribunales inició un proceso por la comisión de 24 delitos contra la Ley 10.027, indiscutibles y flagrantes violaciones que están agravadas por un abuso y, tal vez, la corrupción.
Esperemos que se haga justicia.
Iustitia ómnibus, et on ego rem, on ego hominem
A pesar de que puedan ser sensaciones, o de que seamos nuevamente víctimas del márketing mediático, lo cierto, justo y merecido es que la justicia sea para todos y que a cada hombre le llegue lo que le corresponde.
Por lo tanto, no responder los Pedidos de Informe es un delito, y quien comete delitos, según la ley, es un delincuente.
Y así debe tenerlo claro la sociedad, más allá de que no sea un delincuente común, de esos que van presos, y si sea uno de esos de guantes blancos libres gracias a la corrupta impunidad del sistema político que nos gobierna.
Norman Robson para Gualeguay21