El 16 de julio trascendió que Frigerio eliminaría el sistema por el cual cada escuela compraba los alimentos para su comedor y le dio todo el negocio a una sola empresa, Teknofood, una firma con sospechosos antecedentes. Frente a este atropello, la sociedad no tardo en reaccionar. El 12 de agosto, varios padres de alumnos en representación de sus hijos, Agmer, y la Fundación Cauce convocaron a una conferencia de prensa para informar que presentaron un amparo colectivo ante la Justicia. Y así el escándalo se hizo público.
La decisión de sacarle los desayunos y meriendas a las escuelas y centralizarla en una empresa de Buenos Aires no solo significa una degradación de los alimentos para los niños, sino que significa un golpe a las economías de las ciudades y pueblos donde están las escuelas, a la vez que blande un manto de sospecha sobre la operación por las diferencias de costos.
Luego de presentar el amparo, el 21 de agosto, el Juez Dr. Juan Francisco Malvasio hizo lugar a la acción de amparo y le ordenó al Gobierno que “se abstenga de ofrecer, servir, entregar o distribuir en los establecimientos educativos públicos provinciales dependientes del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos y meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias en los términos del art. 12 de la Ley N.° 27642, debiendo garantizar en forma simultánea e ininterrumpida la provisión de productos no alcanzados por dicha prohibición”.
Cabe señalar que la medida dispuesta por la Justicia fue celebrada por el Gobierno, y en nada impidió que éste continuara con su negocio. Al día siguiente de la resolución del Juez Malvasio, los propios amparistas apelaron la medida “por causar gravamen irreparable a los legítimos derechos de nuestros representados, interesando se eleven las actuaciones para su tramitación por ante el Superior Tribunal de Justicia”. El Superior entendió que debía correrse vista a ambos ministerios públicos: la Defensoría y la Procuraduría.
El 2 de septiembre, la Defensoría general de Maximiliano Benítez dijo compartir la intención de los amparistas pero le dio la derecha al Juez Malvasio. Del mismo modo, dias después, el Procurador General Jorge García respaldó la sentencia que permite continuar con el nuevo sistema de alimentación escolar al dictaminar que debe confirmarse el fallo de Malvasio y consideró que no corresponde hacer lugar a la apelación presentada por padres, Agmer y la Fundación Cauce.
Al mismo tiempo, el Fiscal de Estado, Julio Rodriguez Signes, incorporó al expediente el “valioso” aporte de la empresa Tecnofood sobre la calidad de sus productos.
De este modo, la Justicia entrerriana blindó la operación del gobierno de entregarle un negocio de más de 100 mil millones de pesos a una controvertida empresa porteña, casi quintuplicando el costo del sistema anterior, afectando en igual volumen la economía del interior provincial, y degradando la alimentación de los gurises entrerrianos.
Norman Robson para Gualeguay21
